¿Cómo sobrevivirá el campo colombiano a la crisis de covid-19?
En momentos como estos de confusión y ruido, conocer datos e impactos y tomar decisiones conscientes, tanto públicas como privadas, pasa a ser una contribución decisiva para salir colectivamente de la crisis. Estamos ante una pandemia que requiere soluciones locales para resolver problemas globales, decisiones de política, así como acciones colectivas e individuales
Covid-19 es una crisis que se suma a otras crisis. En un día normal, 820 millones de personas experimentaban hambruna crónica (según informes de la FAO), y de estos, 113 millones tienen riesgo para sus vidas.
Hoy, covid-19 está presente en más de 100 países y prolifera en 44 de ellos, que normalmente necesitan de asistencia alimentaria externa. En América Latina y el Caribe, 85 millones de niños dependen de programas de alimentación escolar. Para 10 millones de ellos, la alimentación escolar es su principal y más fiable fuente de alimentos. En Colombia, el Gobierno y las autoridades locales han tomado medidas para que este hilo vital no se rompa.
La FAO ha insistido, en los últimos años, en que los países puedan comprender cómo funcionan sus sistemas agroalimentarios y, en particular, los procesos de suministro. En ellos participan diversos actores (productores, trabajadores rurales, transformadores, transportistas, comerciantes, consumidores) cuyo relacionamiento y entendimiento no es solo económico, sino también social y cultural. Conocer la dependencia alimentaria de las regiones y del mercado internacional, las pérdidas de alimentos que se generan en la cadena logística y las acciones que pueden llevar a una especulación de precios son hoy elementos trascendentales a la hora de impulsar políticas efectivas para asegurar un abastecimiento de alimentos para la población en un escenario de crisis y poscrisis.
Hoy más que nunca es importante analizar el comportamiento del mercado mundial de alimentos y de los mercados nacionales. La FAO monitorea la producción y el precio de los alimentos a nivel global y, hasta el momento, los sistemas alimentarios han respondido con una relativa estabilidad de los precios. Sin embargo, no sabemos cuál será la situación en unos meses o cómo está la situación en ciudades pequeñas y comunidades apartadas, muchas de ellas, de minorías étnicas. Adicionalmente, los ‘stocks’ globales de cereales están al nivel más alto de la década (lo cual es muy relevante si entendemos que el 60 % de las calorías que consumimos provienen de este grupo de alimentos, junto con aceites y tubérculos). No obstante, los flujos comerciales comienzan a ralentizarse y las monedas están perdiendo valor frente al dólar, por lo que se requieren medidas rápidas de comercio internacional para vigorizar estas cadenas globales. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, Colombia importa el 75 % del maíz que utiliza para la alimentación animal.
En relación con los mercados de alimentos en Colombia, la lógica del abastecimiento de los diferentes departamentos del país está marcada por una enorme dependencia de otros territorios para suplir las demandas internas. Sabemos, por ejemplo, que en Antioquia, el Área Metropolitana depende en más del 64 % de alimentos que provienen de otros departamentos. Mismos patrones se evidencian en regiones más vulnerables del Putumayo y Nariño. Avanzar hacia esquemas de conectividad local de redes de producción y consumo es una opción fundamental para mitigar un eventual desabastecimiento.
En esta crisis, alimentos claves como frutas y verduras podrían ser los primeros afectados dado su carácter perecedero y la precisión necesaria para su cadena de distribución. El periodo de lluvias en Colombia ya arrancó en muchas partes del país y es ahora cuando los agricultores siembran muchos de los alimentos que en algunos meses comeremos. Es necesario garantizar esta producción, así como la seguridad de los trabajadores del sistema alimentario con medidas sanitarias ‘in situ’.
Las decisiones tomadas por el Gobierno colombiano han sido reconocidas internacionalmente y se basan en la prioridad de salvar vidas y aplanar la curva de contagios. Sin embargo, otros bienes públicos van a verse afectados, principalmente la economía y la nutrición. ¿Cómo evolucionarán el abastecimiento y los precios?, ¿cómo las medidas tomadas interfieren o facilitan la distribución y los flujos de mercado?, ¿cómo afectarán patrones de consumo y variedad en dietas alimentarias?, ¿pueden los sectores más vulnerables, cuya relación con el mercado es precaria en condiciones normales, depender de estos en la situación presente? Y en el mediano plazo, ¿veremos subir índices y tasas de malnutrición y hambre? ¿Cómo afectará esto los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030?
La FAO, a través de sus oficinas en cada país, está en contacto con los mandatarios de la región y del mundo y está en capacidad de asistir a estos en sus tomas de decisión. La Ocde ha reducido las previsiones de crecimiento global del 2,9 al 2,5 %, con posibilidad de que baje al 1,5 % si la crisis se prolonga. A esto se suma la devaluación generalizada respecto al dólar, que afectará las importaciones. Seguramente se traduzca en una distorsión de las cadenas de suministro.
En materia rural, Latinoamérica apenas está comenzando a tomar decisiones de política para esta crisis. ¿Qué hacer, entonces? La FAO considera necesario otorgar garantías para que los pequeños productores mantengan sus niveles de producción. Son esenciales los pagos temporales en efectivo a los agricultores pobres, así como las subvenciones para reiniciar la producción. Los bancos pueden eximir de intereses los préstamos a los campesinos y ampliar los plazos; se puede inyectar capital en el sector agrícola para ayudar al sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas, y a sus trabajadores. Durante la emergencia, los gobiernos pueden comprar productos agrícolas a los pequeños productores para establecer reservas estratégicas de emergencia con fines humanitarios.
Otras medidas son también posibles y empiezan a tomarse en otros países. Uso de ‘big data’ para monitoreo de producción, logística y precios; profundización de mecanismos de comercio electrónico, medios electrónicos y bancarios para transferencias y subsidios; aumento del rol estatal en la compra de alimentos y generación de ‘stocks’. En definitiva, la crisis también es una oportunidad para modernizar el campo, redefinir la participación del Estado en los procesos de intercambio de alimentos y abordar agendas postergadas como la de la inclusión y protección social en el medio rural.
En un país como Colombia es imprescindible que su tupida red de autoridades locales y su dinámico sector privado y sociedad civil sean parte de la solución. Recientemente, los secretarios de Agricultura han propuesto un conjunto de 10 medidas que recoge algunas de las ya sugeridas, que enfatizan en la centralidad de los temas de abastecimiento, y que debe ser entendido como un llamado a reforzar la acción estatal. También la Renaf (Red de Agricultura Familiar) ha hecho un llamado sobre la participación de este sector en la solución y sobre el rol de los circuitos cortos para el abastecimiento.
En el plano de la acción individual y colectiva, la FAO ha promovido mensajes y recomendaciones tales como alentar a las comunidades y a los ciudadanos a aumentar la producción local de alimentos mediante huertas familiares o comunitarias, prevenir y controlar la compra desmedida de alimentos por pánico, promoción del consumo de alimentos frescos y diversos sobre ultraprocesados poco saludables, así como la prevención y reducción de los desperdicios de alimentos (en minoristas y consumidor tanto doméstico como institucional). En paralelo a una vigilancia del comportamiento de los precios y las dinámicas de comercialización, son medidas que enfatizan en la responsabilidad individual y la comprensión de que nuestras acciones tienen consecuencias para otros.
de redes de productores, conformación de espacios locales de toma de decisiones, flujos de información de abajo-arriba sobre producción y precio, reconfiguración de redes logísticas, trabajo diario de campesinos y transportistas muestran el potencial de resiliencia de los productores y su vocación de continuidad en medio de la crisis.
La FAO quiere continuar siendo uno de los actores de la respuesta a la crisis articulando su acción con el Gobierno, dando continuidad a sus operaciones (dentro de los marcos de los decretos presidenciales), proveyendo información y opciones de política y facilitando la articulación de respuestas locales. Si bien la incertidumbre es grande y las afectaciones para la economía están por verse, debemos trabajar para transformar esta crisis en una oportunidad para el campo colombiano, avanzar en agendas de transformación, reactivar agendas postergadas y fortalecer los sistemas alimentarios y sus actores bajo enfoques de sostenibilidad y resiliencia. Esta puede ser la gran lección que nos deje covid-19.
Fuente:EL TIEMPO