Ante lo que califican como escaso interés que ha mostrado el Ministerio del Medio Ambiente por sus reclamos, pescadores artesanales y semiindustriales de Buenaventura, el pasado 15 de mayo le fue entregada al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, una carta pidiéndole interceder por ellos ante el titular de Minambiente, Carlos Eduardo Correa.
La necesidad de sostener un diálogo con Correa es para tratar la situación generada por el Decreto 281 del 18 de marzo de 2021, firmado por la Presidencia de la República y por el Ministerio del Medio Ambiente, que prohíbe cualquier actividad de pesca de especies como tiburones, rayas y quimeras.
“La pesca dirigida a tiburones está prohibida de manera industrial en el país. Lo que existía era un porcentaje de pesca incidental (captura no intencionada) sobre estos recursos, que era aprovechada en su totalidad por las comunidades del Pacífico colombiano, generando empleo y bienestar a mujeres cabeza de familia, afrodescendientes y víctimas del conflicto, entre otras.
“Sin embargo, con ese decreto dicha incidentalidad queda prohibida y de suceder se considera como delito contra el medio ambiente", dijo la empresaria Shirley Ardila, representante legal de la Asociación de Armadores Pesqueros de Colombia (Asoarpescol), gremio firmante de la carta.
Ahora, en la realidad de la actividad pesquera es imposible garantizar cero por ciento de incidentalidad, por lo que la norma genera una afectación directa a la pesca, ya que sencillamente acaba con la misma, destacó la empresaria consultada.
Cabe señalar que los armadores pesqueros, en este caso los de Buenaventura, cuentan con los permisos y patentes de pesca reglamentados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca (Aunap), además de los Certificados de Navegabilidad para realizar la actividad y Zarpes para las embarcaciones, otorgados y vigilados por la Dirección General Marítima (Dimar).
Así, los pescadores del Pacífico enfrentan a una situación paradójica, pues su actividad es la única actividad que cuenta con la ‘legalidad para realizar actos ilegales’ como sería la pesca de tiburones, rayas y quimeras, las protegidas ahora por el decreto 281.
A lo anterior se suma una carta firmada por la Aunap, dirigida a los importadores de estas mismas especies les recomienda tramitar un visto bueno a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce).
La vocera de los armadores pesqueros dice que hacia la zona de la isla de Malpelo transitan barcos de banderas de países centroamericanos y hasta de China que pescan tiburones, rayas y quimeras, las desembarcan en sus países o puertos de origen y su carga se exporta a Colombia.
Acerca del citado decreto, el gremio presentó ante el Consejo de Estado una Acción de Tutela como mecanismo transitorio o definitivo que señala que este viola los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, vida, igualdad ante la Ley, derecho de petición, debido proceso, trabajo, y la protección del estado a la producción de alimentos.
Por último, el sector pesquero del Pacífico declaró que garantiza la conservación de los recursos, pero no está de acuerdo con las prohibiciones impuestas por el Ministerio del Medio Ambiente. Este tema, que se ha tratado previamente con delegados de la Vicepresidencia de la República, tiene programada para esta semana una reunión con miembros de la Comisión V del Senado de la República para debatir el mismo.
Por ahora, esperan la respuesta positiva del ministro Carlos Eduardo Correa, mientras que para el 27 de mayo, una reunión con varios integrantes de la Comisión V del Senado para iniciar un diálogo sobre el tema.
Juan Carlos Domínguez
Fuente: El Tiempo
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