La ley 2268 de 2022 determinó entregarles un seguro económico a los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia durante los tiempos de veda, para compensar la suspensión de las actividades laborales. Al parecer, este año no serán girados los recursos.
En un comunicado, publicado por el canal Puerto Cable, el directivo de la Federación Colombiana de Pescadores Artesanales y Ambientalistas y de la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal, Hernán Muñetón Bustamante, da a conocer la situación de inseguridad alimentaria de más de 250 mil familias de pescadores artesanales del Río Magdalena con el inicio de la veda, la segunda de este año, que prohíbe pescar en ríos, ciénagas y humedales el Bagre Rayado del Magdalena, con el objetivo de respetar el ciclo de reproducción de esta especie y preservarla.
El directivo denunció que, tras el inicio de la veda del Bagre Rayado del Magdalena, el 15 de septiembre (concluirá el 15 de octubre), los pescadores artesanales no han recibido el seguro económico que dicta la ley 2268 de 2022, firmada por el gobierno anterior, el 3 de agosto de 2022.
Esta Ley dicta las normas “para garantizar los beneficios sociales focalizados a los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia” durante los periodos de veda, a través del Seguro de Desempleo Estacional por Veda (Sedeveda). De acuerdo con la ley, el valor del seguro “será de al menos medio salario mínimo legal mensual vigente por cada mes que dure la veda, como compensación de las actividades económicas que deja de realizar”.
De acuerdo con Muñetón, la ley 2268 fue lograda por gestiones de Confederación de Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia –Comenalpac– con el Gobierno Nacional, AUNAP y el Congreso de la República, “para garantizar beneficios sociales focalizados a los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia”.
La ley estipula que el gobierno tiene plazo de un año para implementar la medida: “Dentro del año siguiente a la expedición de la ley, el Ministerio de Trabajo, con base en las recomendaciones técnicas de la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca (Aunap), diseñará un mecanismo especial de protección al cesante, dirigido a los pescadores artesanales comerciales y de subsistencia durante los periodos de veda con el objetivo de diseñar esquemas focalizados, que mitiguen las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica durante los periodos de veda”.
Sin embargo, los pescadores organizados en la Confederación estaban a la expectativa de que esta ley fuera implementada en la actual veda, para así “proteger la integridad, el mínimo vital y la sostenibilidad socioeconómica del pescador artesanal comercial y de subsistencia”, pues se trata de un mes en el que se les prohíbe ejercer su oficio.
El directivo invitó al Gobierno a realizar el pago del seguro económico, toda vez que la veda comenzó este 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre de este año.
Pescadores artesanales y de subsistencia
A pesar de que los pescadores no se oponen a la normativa de la veda, sí le reclaman a las autoridades (Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP– y a las Alcaldías) les entreguen los apoyos económicos contemplados en la ley 2268 de 2022, durante los meses de la prohibición, “a cambio de no pescar y respetar la veda”, y de “ejercer labores ambientales de reforestación, de limpieza de ríos, ciénagas, afluentes, etc.” afirma el comunicado.
Asimismo, afirma que existen recursos del Sistema General de Participaciones para los municipios ribereños del Río Magdalena, para proyectos de reforestación y actividades ambientales, con los cuales las Alcaldías podrían apoyar a los pescadores en la ejecución de esos proyectos, pero actualmente no lo hacen. Según el comunicado, los municipios estarían recibiendo anualmente entre $500 millones y más de $1.000 millones, una suma que depende de la longitud limítrofe con el río Magdalena.
En caso de que los pescadores violen esta normativa, corren el riesgo de perder la embarcación y sus herramientas de pesca hasta que se pague la sanción económica, quedarían excluidos del seguro Sedeveda por un año y la consiguiente suspensión de la licencia que les permite desarrollar actividades de pesca en el periodo después de la veda, y con el agravante de verse “sometidos a un juicio penal y a cuatro o más años de prisión”, concluye el comunicado.
Fuente: Más Colombia
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