Un proyecto de ley busca restringir el uso de semillas genéticamente modificadas en la agricultura. Gremios tienen reparos frente a la iniciativa.
El debate sobre la utilización de semillas transgénicas o genéticamente modificadas en la agricultura no es nuevo. Sin embargo, por estos días ha vuelto a revivir la polémica por la radicación de una versión ajustada del proyecto de ley que retoma la prohibición del ingreso, producción, comercialización, exportación y liberación de este tipo de semillas.
La iniciativa —que inicialmente se radicó el 10 de septiembre de 2019, pero terminó archivada por vencimiento de términos— fue radicada por el representante a la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, el cual señaló que esta sería una prohibición parcial con el fin de garantizar la seguridad alimentaria.
El representante ha dicho en diferentes ocasiones que estas semillas pueden generar problemas a los cultivos por el exceso de utilización de pesticidas. Y recalcó, por ejemplo, que la introducción de estas al cultivo de algodón hizo que su producción fuera en declive.
Ante esta propuesta, gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Colombiana de Semillas (Acosemillas) se han mostrado, una vez más, en desacuerdo, ya que consideran que, de ser aprobado, implicaría un retroceso para el sector agrícola.
Las implicaciones
Solo en 2021 se sembraron en Colombia más de 157.000 hectáreas de cultivos transgénicos, lo cual representó un aumento del 31% frente a 2020. ( Ver gráfico).
De acuerdo con Rodolfo Correa, secretario de Agricultura de Antioquia, el 80% del maíz que se siembra en Colombia es transgénico, ya que, de lo contrario, no resistiría las plagas y los climas del país.
“Hoy la producción de alimentos y la actividad forestal en Colombia depende sustancialmente del uso de semillas genéticamente modificadas. Restringir o limitar su uso implica desestabilizar el sistema agrícola nacional. Evidentemente, esto es parte de la improvisación y ligereza con que se abordan temas trascendentales para la estabilidad agroalimentaria y económica”, apuntó Correa.
En el mismo sentido, Leonardo Ariza, gerente general de Acosemillas, comentó que dicha prohibición limitaría a los productores de tener una oferta de semillas con investigación y desarrollo (I&D) en biotecnología, que pueden enfrentar desafíos climáticos, ataque de plagas y enfermedades, mejores condiciones nutricionales, entre otros.
“Debido al crecimiento poblacional, las sequías e inviernos prolongados y otros factores externos, por sí solas las semillas convencionales no nos permiten cubrir la demanda de producción de alimentos. Se requieren de unas semillas mejoradas que afronten estos desafíos”, anotó el dirigente gremial.
Y agregó que también se afectaría la competitividad del campo, ya que los productores que utilizan este tipo de tecnología verían afectado su rendimiento, se incrementaría el costo de producción por mayor número de aplicaciones de agroquímicos y esto afectaría el medio ambiente.
La otra cara
Pese a los reparos de muchos gremios, no todos los sectores rechazan la iniciativa.
La Corporación Grupo Semillas ya había mostrado su apoyo a esta prohibición, basada en los impactos adversos sobre el ambiente generados por los cultivos de maíz y algodón transgénico, y las afectaciones socioeconómicas a los agricultores que han fracasado con estas tecnologías.
La Corporación también ha asegurado que, en lugar de fomentar semillas o cultivos transgénicos, se debe promover la producción nacional de alimentos a partir de prácticas agroecológicas o sostenibles con el ambiente.
Así las cosas, el debate sobre qué tan conveniente es para el país esta iniciativa legislativa, y qué tanto afectaría la seguridad y soberanía alimentaria del país, sigue generando divisiones entre la ciencia, los gremios, las organizaciones campesinas y los legisladores.
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