Potenciar el papel de un sector como el agropecuario en nuestro nivel exportador es fundamental. Debería ser la base fundamental de nuestras exportaciones actuales. Y aunque tienen un protagonismo muy alto, aún no logran un peso considerable dentro de nuestra balanza comercial.
Gracias al costo país, Colombia ha mantenido persistentemente problemas y dificultades para aprovechar su potencial exportador. Actualmente, todas estas problemáticas se han profundizado por razones ampliamente diversificadas en las que se incluyen el descuido gubernamental, la falla en la implementación plena de las políticas de transformación productiva definidas, la poca diversificación de productos agrícolas en las regiones, y las barreras no arancelarias. Por ello, hoy día nuestras exportaciones sólo aportan un 13% del PIB.
Dentro de los gremios que han expuesto la problemática y, de paso, han sido muy insistentes con la necesidad de impulsar proyectos con vocación exportadora, para empezar a mermar la situación, está la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). De hecho, constantemente hablan y documentan los logros agroexportadores de países como Chile y Perú que han logrado los USD$ 16.000 millones y USD$ 10.000 millones, respectivamente, en exportaciones netamente agroindustriales.
En comparación, nuestro país continúa estancado en unos USD$ 7.000 millones – es decir una participación del 17% sobre las exportaciones totales - y con unas tierras mucho más aptas para producir. Por ahora, las exportaciones agroindustriales se concentran en café (32% del total del sector), flores (20%) y banano (12%). Mientras que casos que promulgamos, recientemente, de éxito tales como el aguacate-hass o la uchuva no superan el 1%.
Al comparar los informes de competitividad mundial 2010 y 2018, hemos ascendido lentamente de la posición 68 a la 60 haciéndonos, aparentemente, somos más competitivos en la escala general. Pero si profundizamos en el análisis, particularmente en temas de eficiencia en el mercado, la tendencia no ha sufrido mucho cambio en cuanto al efecto real que tienen los impuestos y subsidios a nivel competitivo, o en temas de barreras comerciales.
Así, en 2010 obtuvimos la posición 128 sobre los efectos impositivos y de subsidios en la competitividad, y en 2018 ascendimos sólo dos posiciones en el mismo tópico. Asimismo, en la prevalencia de barreras sobre el intercambio, tuvimos la posición 134 y en 2018 subimos al puesto 118.
En nuestro contexto agroindustrial, el 92% de los recursos del agro se dedican netamente a subsidios, y el restante 8% a bienes públicos como riego, drenaje y vías terciarias. Y para rematar, propuestas como un cero impuesto de renta para incentivar las inversiones en el agro, se contrarrestan con situaciones como la contracción del consumo por gravar con IVA más del 80% de la canasta familiar. Así, si no logramos ser competitivos de puertas para adentro, pensar que vamos a prosperar en el comercio internacional es utópico.
Vamos a llegar a 2020 y aún no logramos avanzar en temas de competitividad agroindustrial. Los mismos reportes en competitividad mundial lo demuestran; en 10 años se ha discutido bastante sobre la importancia de potenciar el agro, a nivel nacional e internacional. Pero aún no se han materializado resultados de alto impacto.
Porque aquí la gran verdad es que, si bien nuestros campesinos no tienen grandes facilidades que les permitan disponer de sus productos en mercados de talla mundial, la situación en el comercio interno tampoco es que sea para vanagloriar. Los costos de transporte y la larga cadena de intermediación que tienen entre ellos y el consumidor final, son aspectos que les dejan una precaria rentabilidad sobre su trabajo, y mucho menos una posibilidad de invertir en tecnificación y. A duras penas subsisten con lo que pueden rentar.
Al respecto, una de las banderas del actual Ministerio de Agricultura viene de la mano con lo que se conoce como agricultura por contrato, cuyo propósito principal es conectar a los agricultores con grandes compradores para eliminar costos de intermediación. Es decir, un agricultor pactaría las condiciones de cultivo y venta directamente con el comprador, antes de que inicie la producción. Puede que a futuro fuese posible aplicarlo hasta con el mercado externo.
Sin embargo, aunque la intención es buena, este tipo de iniciativas en nuestro mercado puede llevar a condiciones desfavorables para los agricultores, debido a aspectos como un abuso de poder de parte de los compradores, manipulación en la asignación de cuotas o hasta un endeudamiento excesivo. En realidad, son muchos los riesgos que se pueden correr sin una administración eficiente o un seguimiento efectivo, y los índices de corrupción en Colombia hablan por sí mismos. Deben existir los suficientes incentivos para controlar y vigilar este tipo de acuerdos/iniciativas que potencien todos sus potenciales beneficios.
De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recibe varios casos, alrededor del mundo, por inconsistencias en el manejo de estas estrategias. Por ejemplo, en Tailandia una compañía que contrataba agricultores para la crianza de pollos cobraba una tasa sobre los ingresos de los agricultores, para compensar la posibilidad de una alta tasa de mortalidad; sin embargo, muchos agricultores afirmaban que los problemas en la mortalidad eran por la escasa calidad de los animales de un día de nacidos suministrados por la misma compañía.
Así, las debilidades no sólo involucran temas de comercio internacional. La problemática se extiende a nivel interno. Y ya que tenemos casos de éxito registrados y documentados, es altamente conveniente empezar a indagar qué fue lo que hizo posible el éxito agroexportador en Chile y Perú para tener un marco de acción. O al menos una referencia. No podemos dejar que persista el problema sólo por falta de una iniciativa made in Colombia.
Fuente: Dinero
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